El orgullo LGBT+ en la legislación de la Ciudad de México

Este 26 de junio, la Ciudad de México celebró la edición número 43 de la Marcha del Orgullo LGBT+. Hace casi medio siglo, la diversidad sexual y de género salió por primera vez a las calles de la capital para demandar un trato digno y el fin de la represión encabezada por el Estado. Tras décadas de lucha por la dignidad de todas y de todos, la Ciudad de México ha conseguido formar un marco jurídico incluyente y respetuoso de los derechos humanos.

Aunque su más amplio cumplimiento aún no se alcanza, el mes del orgullo LGBT+ (lésbico, gay, bisexual, trans y otras identidades no normativas) es un momento idóneo para recapitular los grandes avances que se han hecho en materia legislativa a lo largo de los años y que la capital del país no debe estar dispuesta a perder. 

El derecho a vivir sin discriminación

En la Ciudad de México, la discriminación es considerada un delito cuya comisión se sanciona con hasta tres años de cárcel o trabajo en favor de la comunidad. El Código Penal de la entidad prohíbe los actos que atenten contra la dignidad humana y tengan por objeto vulnerar los derechos humanos. Entre los tipos de discriminación mencionados por el Artículo 206 de esta ley, se encuentran los motivados por la orientación sexual. 

Fortaleciendo este derecho, se publicó en 2011 la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Ella establece la necesidad de medidas afirmativas para la inclusión de grupos vulnerados, como la población LGBT+, y crea el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). Además, el Artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) prohíbe toda forma de discriminación, entre las cuales enuncia las motivadas por preferencias sexuales, orientación sexual e identidad y expresión de género. 

El reconocimiento de la identidad de las personas trans

Durante muchos años, las personas trans tuvieron que pasar por un proceso patologizante para el reconocimiento de su identidad de género. Al asumir un género distinto al asignado de nacimiento, las personas trans deben ajustar sus documentos oficiales para ver cumplidos sus derechos a la educación, al trabajo, a la salud y al voto, entre otros. Para conseguirlo, antes necesitaban pasar por un procedimiento en donde un perito determinaba su identidad de género. Ésta, sin embargo, es una característica de la persona que sólo ella misma puede identificar y reconocer; ningún experto o experta tendría por qué validarla. 

En 2014, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal dio un paso fundamental por los derechos de las personas trans. Al aprobar un dictamen que modificaba los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles de la capital, creó un proceso administrativo para el reconocimiento de la identidad de género. Este nuevo mecanismo no incluía procedimientos médicos y, por lo tanto, no patologizaba la identidad de las personas. De este modo, la Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina donde las personas trans pueden ajustar su acta de nacimiento y otros documentos oficiales, de acuerdo con su identidad, de manera sencilla y sin un examen médico. 

La victoria del matrimonio igualitario

Este 2021, la Ciudad de México cumplió 11 años de reconocer el matrimonio igualitario. En marzo de 2010, la capital se convirtió en la primera entidad del país en reconocer este derecho para las parejas del mismo sexo. Ello dio paso a un enorme movimiento nacional gracias al cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las legislaciones que no reconocen estas uniones son inconstitucionales. Poco a poco, los demás estados han seguido este camino, como recientemente hicieron Baja California y Sinaloa. 

La reforma de 2010 modificó el Artículo 146 del Código Civil para definir el matrimonio sin criterios discriminatorios asociados a la orientación sexual o, incluso, a las finalidades reproductivas. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), de 2010 y hasta marzo de 2020 se habían realizado 13 mil 134 matrimonios igualitarios. 

La Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

A simple vista, hablar de la ILE podría parecer no demasiado relevante en una lista sobre legislación LGBT+. Sin embargo, el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo incluye también a las mujeres LGBT+. Además, es de resaltar que el movimiento por los derechos de las mujeres y el movimiento LGBT+ se encuentran hermanados de origen: ambos luchan por la igualdad y en contra del heteropatriarcado que ha coartado derechos y libertades. 

En 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en permitir la ILE previa a las 12 semanas de gestación. Para practicarse, este procedimiento no requería que las mujeres presentaran justificación alguna, pues se encontraban en el libre ejercicio de su derecho. De acuerdo con el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, de 2007 a junio de 2020, accedieron a los servicios de ILE 227 mil 686 mujeres de todo el país. 

La prohibición de las llamadas “terapias de conversión”

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), popularmente conocidos como “terapias de conversión”, fueron tipificados como delito en junio de 2020. El Congreso de la Ciudad de México reformó el Código Penal rechazando que las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas fueran tratadas como enfermedades. 

Esta reforma significó un rechazo manifiesto a procedimientos que carecen de sustento científico y que atentan contra la dignidad humana, constituyendo actos de tortura. A pesar de resistencias de congresistas que alegaban una supuesta “bandera ideológica” detrás de este dictamen, el Poder Legislativo consiguió este nuevo hito para los derechos de las personas LGBT+. 

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