La lucha contra la LGBTfobia: los grandes pendientes

Hace dos años, el Gobierno de México decretó el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia. Se reconoció así el esfuerzo que, desde distintas instancias, han hecho las personas LGBTI+ en favor de una vida digna y libre de violencia. Pero, más que un reconocimiento, se trató de un compromiso en favor de un mismo objetivo: el de un entorno respetuoso para todas y todos. 

El Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia tiene su origen en 1990. Fue entonces cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades. Hasta antes de esta fecha, las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas eran consideradas erróneamente como una patología. 

En México, este reconocimiento se dio tarde y a regañadientes. Aunque la Ciudad de México ha sido pionera en la reivindicación de los derechos humanos de las personas LGBTI+, a nivel federal los avances han sido mucho más lentos a lo largo de la historia. En 2010, lo que parecía ser un logro se convirtió en un nuevo acto de homofobia institucional. En ese año, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón decretó el 17 de mayo como el “Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”, demostrando que la sola mención de la existencia de la diversidad sexual resultaba chocante para la administración. 

Finalmente, en 2014, se decretó el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. En 2019, la denominación de esta jornada se amplió para incluir también la lesbofobia, la bifobia y la transfobia que impiden una vida con respeto y dignidad. 

Aunque grandes avances se han hecho en favor de las personas LGBTI+, aún quedan muchos pendientes para construir un entorno de inclusión. Presentamos aquí algunos de ellos:

La prohibición de los ECOSIG

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) —popularmente llamados “terapias de conversión”— son prácticas dañinas que intentan alterar la orientación, identidad y expresión de género de la persona. Como señala la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés), los ECOSIG se basan en visiones pseudocientíficas, que empujan a las personas a vivir vidas de autodesprecio que pueden concluir en el suicidio.  

En la Ciudad de México, los ECOSIG fueron tipificados como delito en el Código Penal en julio de 2020. A los pocos meses, también fueron prohibidos en el Estado de México. Sin embargo, esta tipificación está pendiente a nivel federal. En agosto de 2018, un proyecto de ley fue presentado a la Cámara de Diputados para establecer penas para quienes promuevan estas prácticas degradantes. El proyecto sigue pendiente y su aprobación será fundamental para garantizar el derecho de las personas LGBTI+ a una vida libre de violencia. 

Matrimonio igualitario

Aunque muchos avances se han hecho en la materia, lo cierto es que aún no existe un reconocimiento pleno del Estado mexicano a los matrimonios entre personas del mismo sexo. De acuerdo con el informe Homofobia de Estado, elaborado por la ILGA, sólo 19 entidades reconocen este derecho. Esto significa que 50% de la población vive en lugares donde estos matrimonios son reconocidos por la ley; el resto se encuentra en la desprotección. 

Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que las prohibiciones al matrimonio igualitario eran inconstitucionales. Sin embargo, no todos los estados han actuado en consecuencia. Aun así, se han dado positivos en favor de este derecho. Tal fue el caso del anuncio que en mayo de 2019 hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, según el cual los matrimonios del mismo sexo son reconocidos por todos los consulados mexicanos. 

El derecho a formar una familia

El derecho de las personas LGBTI+ a formar una familia se sigue viendo obstaculizado por la falta de legislación en favor de la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. Aunque ésta se encuentra reconocida en la Ciudad de México y en otras ocho entidades, no hay una ley federal que dé la protección necesaria. 

De acuerdo con la ILGA, la adopción estaría potencialmente reconocida para parejas del mismo sexo en entidades en donde su unión está protegida por la ley. Sin embargo, ello les deja en un estado de indeterminación donde dependen de que las y los funcionarios encargados del proceso de adopción tengan o no una visión discriminatoria. 

El derecho a una vida libre de violencia frente a la pandemia

Las distintas medidas que debieron tomarse para mitigar la pandemia de COVID-19, aunque necesarias, tuvieron como consecuencia el aumento de distintos tipos de violencia. Ejemplo de ellos es la violencia que viven en sus hogares muchos jóvenes LGBTI+ debido a la discriminación ejercida por sus familias. 

De acuerdo con el Experto independiente de Naciones Unidas en protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, en todo el mundo, las medidas para quedarse en casa y el asilamiento aumentaron la exposición a miembros de la familia irrespetuosos, incrementándose la violencia física y psicológica. Distintos espacios sociales, además de dar acceso a derechos como la educación y el trabajo, sirven también como refugio y lugares seguros para las personas LGBTI+, por lo que su gradual reapertura —sin riesgos para la salud— será fundamental para el ejercicio de sus derechos. 

El reconocimiento de la identidad de las personas trans

Al igual que otros derechos, el del reconocimiento a la identidad jurídica de las personas trans tiene un reconocimiento desigual. La Ciudad de México y doce entidades más han dado este paso. Sin embargo, hace falta darlo a nivel federal. Ello permitirá a las personas trans rectificar su nombre y datos en el acta de nacimiento y otros documentos oficiales. 

Esta falta de reconocimiento, además de que en sí misma es violatoria de los derechos humanos, afecta varias libertades de las personas trans, impidiéndoles, entre otros, el derecho al voto, el acceso al trabajo y a la educación. 

Aunque son cada vez más los avances, México todavía tiene un largo camino por recorrer en favor de la inclusión de las personas LGBTI+ y en contra de la discriminación. Mientras en algunas zonas los derechos han avanzado con paso firme, en otras siguen rezagados. La lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia sigue siendo necesaria, tanto a nivel social como en todas las instituciones del Estado. 

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