La pregunta de la consulta

La pregunta aprobada en la cámara de senadores el pasado 7 de octubre incluída en la consulta que se llevará a cabo en el 2021 sobre el juicio a expresidentes y otros actores políticos del pasado es la siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 

Lo que se busca con la consulta popular que realizará el INE en 2021 es que con la legitimidad del pueblo y la colaboración de las instituciones, se genere una sinergia entre las autoridades correspondientes y la ciudadanía, para que con absoluta transparencia se inicie y se dé seguimiento a las investigaciones correspondientes que llevarán a juicio a los expresidentes y ex funcionarios públicos, así como tener en observación el proceso por el cual se impartirá justicia a estas figuras públicas que tanto daño le han hecho al país y le han robado a los mexicanos y mexicanas. Visibilizando una vez más el hartazgo hacia la corrupción y la impunidad que provocó que los neoliberales dejaran de gobernar y demostrando el poder del pueblo organizado. 

Si bien un cúmulo de estudiosos del derecho difiere con la vitalidad de la consulta e incluso se argumenta que ésta obstruye el debido proceso y viola el derecho humano al mismo, ello sin considerar que dichos procesos y leyes fueron hechos únicamente por y para unos cuantos, y que hoy en día las injusticias son sistemáticas y legales.

Es por ello que si las leyes no cuentan con mecanismos que permitan que la voluntad de la ciudadanía incida en el sistema ejecutivo, legislativo y judicial; habrá que modificarlas para transitar a una democracia participativa. 

La crítica proveniente de los estudiosos del ámbito jurídico, suscita que este ejercicio sea aún más fructífero, ya que, a través de la gran variedad de las interpretaciones se ha demostrado que las leyes tienen vacíos y que existe una amplia área de oportunidad para seguir modificandolas en beneficio de la sociedad y en favor de la justicia.

Además de que, a través de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, levantada por el INEGI, se expuso sobre la credibilidad que tiene la aplicación de leyes en nuestro país, que el 70.5% de las mujeres y el 66.1% de los hombres opina que “las leyes se aplican para lograr el beneficio sólo de unos cuantos”; y porcentajes más bajos, exponen que el 26.9% de las mujeres y el 32.1% de los hombres opinan que “las leyes se aplican para lograr el beneficio de todos”. 

¿En qué se vería beneficiado el ejercicio político, el gobierno, las instituciones y la ciudadanía, si se llevan a cabo y se visibilizan este tipo de acciones que toman en cuenta la opinión popular? 

Los costos políticos de la mala percepción de los gobiernos y la corrupción que ha ido de la mano con la impunidad, son muy altos, ya que, es la desconfianza al gobierno la misma que ha provocado que tengamos un bajo índice de participación ciudadana. Es decir, como la gente no confía en el gobierno, piensa ¿para qué participo si no sirve de nada?. Este ejercicio democrático impactará en un importante indicador que es la medición de la corrupción, en el que el índice de la percepción de la corrupción (ipc) es de alta importancia, porque además de ser clave para la erradicación de la misma, este indicador entre otros, es analizado y considerado, por el sector privado internacional para proyectos económicos y sociales de gran escala, y en el sector público internacional para la realización de alianzas y tratados internacionales.

La derecha le ha llamado circo a una movilización de más 2 millones de personas que firmaron para enviar la solicitud al INE para que se llevara a cabo esta consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes y a los miles de ciudadanos y ciudadanas que nos articulamos con tiempo y recursos limitados para recabar las firmas; le ha llamado linchamiento mediático a la consulta popular cuando históricamente los principales medios de comunicación han estado coludidos por los gobiernos anteriores, han sido manejados por compadrazgos y han sido utilizados como herramienta de manipulación; le han llamado ilegal a la voluntad del pueblo de participar en los procesos de toma de decisiones, han llamado inconstitucional a una consulta que no cumple con los estandares establecidos en el antiguo régimen, han mencionado que no se deben gastar los recursos públicos en esta consulta cuando estos actores políticos han institucionalizado la corrupción, sistematizado la impunidad y derrochado los recursos de todos los mexicanos y las mexicanas, y han quedado impunes.

Durante décadas les sirvió a los conservadores y neoliberales una estrategia de opacidad, con tintes tecnócratas para seguir concentrando el poder en unos cuantos, sin embargo, como se explicó con anterioridad, el ejercicio de la consulta popular tiene múltiples objetivos, va mucho más que un juicio a los expresidentes, va a fomentar la participación ciudadana, mejorar la percepción de la población sobre la corrupción, la erradicación de la impunidad, contribuir a la mejora de indicadores nacionales e internacionales, la inclusión en los procesos de toma de decisiones, la observación de los procesos internos de las instituciones que imparten la justicia, la observación de las trabas del sistema jurídico para la materialización de la justicia, la identificación de los vacíos de las leyes, entre muchos otros. En esta ocasión, la ley, a través de las consultas populares, jugó del lado de los ciudadanos, ya que para solicitar una consulta, se requieren las firmas del 2% de la lista nominal. Mencionado esto, me gustaría exhortar a los que difieran con la causa, con el ejercicio de la consulta, con el gobierno en turno, con la corte o con los legisladores y legisladores; a organizarse y articularse como oposición sólida, para que a través de estos mecanismos sean escuchados, y reiterarles que ser anti amlo no es una causa social. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas involucrarnos en la vida pública del país y tener en cuenta que ninguna transformación social inició con un oficio y mucho menos con una opinión desde la comodidad del privilegio. Finalmente, cuando llegue el momento histórico en el que se enjuicie a los ex presidentes, que se tenga certeza de que no fue voluntad del presidente Adrés Manuel López Obrador, si no del pueblo cansado y con hartazgo, pero esperanzado, organizado y articulado, y que exista constancia de ello.

LEE:  La izquierda y mundo progresista tienen que encabezar una revolución de carácter cultural: Pepe Mujica 
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