La violencia obstétrica en México

La violencia de género se expresa de múltiples formas y puede ocurrir en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. El proceso reproductivo y el acompañamiento médico que va ligado a él no están exentos de diferentes manifestaciones de la misoginia, que se traducen en violaciones a los derechos humanos. Las recientes recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han puesto en la mira un problema sistémico que durante décadas ha vulnerado los derechos reproductivos de las mujeres: la violencia obstétrica. 

¿Qué es la violencia obstétrica?

Llamamos violencia obstétrica a todas las formas de violencia que vulneran a las mujeres en el marco de los procesos reproductivos. Aunque tiene una raíz institucional y otra de violencia de género, ésta siempre es ejercida por trabajadores o trabajadoras de la salud. Como lo ha señalado la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH), la violencia obstétrica puede manifestarse en malos tratos, insultos, amenazas, discriminación, negaciones de servicios y abuso en la medicación de las pacientes. 

La violencia obstétrica se ejerce de formas muy diversas. Puede ser mediante comentarios que intentan ser sutiles, pero que tienen un trasfondo de discriminación contra las mujeres. Ejemplo de ello es el desvalorizar su cuerpo o banalizar su dolor durante el parto. Otras formas pueden llegar a causar daños físicos permanentes, al someter a la paciente a procedimientos innecesarios o a la esterilización forzada. Como lo ha apuntado ya ONU DH, la violencia obstétrica suele permanecer invisibilizada. Sin embargo, eso no significa que pase desapercibida, pues millones de mujeres la han padecido en carne propia. 

Violencia sistémica: las recomendaciones de la CNDH

Una de las mayores dificultades para erradicar la violencia obstétrica es la falta de información sistematizada en torno a este problema. Aunque se han documentado cientos de casos, e, incluso, ha habido intentos legislativos por combatirla, durante décadas México ha carecido de un registro que dé cuenta de las víctimas de estas manifestaciones de la misoginia. 

Frente a un panorama difuso, destacan las recomendaciones que la CNDH emitió recientemente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en esta materia. El pasado 12 de abril, este organismo público autónomo emitió su recomendación número 14 de este año, dirigida al Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, por la violencia obstétrica de la que fue víctima una mujer en el Hospital General de Querétaro. 

La CNDH documentó que, en 2018, la víctima fue sometida a procedimientos médicos innecesarios para acelerar el parto, a pesar de tener una cesárea programada. El parto fue llevado en condiciones que generaron asfixia en el hijo o hija de la víctima y que a ella le causaron lesiones tan graves que fue necesario extirparle el útero y un ovario para salvarle la vida. A tres años de los hechos, la mujer sigue teniendo problemas de salud y secuelas psicológicas por el maltrato del que fue víctima. Además, su hijo o hija deberá recibir atención médica y medicamentos anticonvulsivos durante ocho años para impedir que su desarrollo se vea afectado.  

El organismo determinó que existieron violaciones al derecho a la salud, a la integridad personal y a una vida libre de violencia. En consecuencia, ha solicitado al ISSSTE la reparación integral del daño y la capacitación de todo el personal del Hospital General de Querétaro en materia del derecho a la salud de las mujeres. 


Éste no es el único caso de violencia obstétrica que la CNDH ha documentado, y con respecto al cual se ha posicionado, en los últimos meses. También en abril de este año, la institución dirigió otra recomendación al ISSSTE por negligencia médica en contra de una mujer y su hijo, sucedida en una clínica en Colima. La Comisión determinó que se sometió a la víctima a esperas innecesarias y a procedimientos que derivaron en daños a su salud y a la de su hijo. 

Estas recomendaciones son el reflejo de una problemática profunda y estructural que aqueja al sistema de salud mexicano. Como lo ha señalado antes el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) —organización civil que vela por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México—, la violencia obstétrica no puede ser entendida como actos aislados y esporádicos, pues se trata de una problemática que ocurre de forma sistemática y que ha minado por décadas el derecho a la salud en México. 

Medio siglo sin soluciones

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En 2017, la CNDH emitió una recomendación general sobre la violencia obstétrica que, de manera generalizada, aquejaba al sistema nacional de salud. Aunque se reconocía la falta de información estandarizada y exhaustiva en torno al problema, se advertía también que su presencia podía rastrearse, cuando menos, hasta la década de los 60 del siglo XX. En esta época, la violencia obstétrica —entonces no nombrada— habría generado distintos movimientos sociales en favor de un parto respetado y humanizado. 

A pesar de ello, la visibilización de este fenómeno en los espacios de toma de decisión es mucho más reciente. A nivel internacional, aunque la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer —que entró en vigor en 1981— no la reconoce de forma explícita, sí habla del acceso a la atención médica en condiciones de igualdad, así como a servicios apropiados en relación con el embarazo y el parto. En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se posicionó en torno a esta forma de violencia, en la Declaración “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud”, reconociendo que la negligencia y los malos tratos referidos constituían violaciones a los DDHH de las mujeres. 

En México, algunas entidades empezaron a legislar en contra de la violencia obstétrica desde 2008. Algunas de ellas han incorporado esta serie de prácticas denigrantes a su orden jurídico, como Baja California, Durango, Puebla y San Luis Potosí, entre otras. En otras, incluso, está tipificada como un delito. Tales son los casos de Veracruz, Guerrero, Chiapas y el Estado de México. Sin embargo, el reconocimiento en las leyes no ha conseguido por sí solo hacerle frente a un problema profundo que requiere soluciones que cambien de fondo las malas prácticas. 

En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó un esfuerzo por aportar información sistematizada sobre el fenómeno de la violencia obstétrica. Al incorporar preguntas sobre los procesos reproductivos a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el Instituto consiguió dar un atisbo de las dimensiones del problema. La ENDIREH 2016 reveló que 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que habían tenido un parto en los últimos cinco años habían experimentado algún tipo de maltrato del personal de salud. 

Las prácticas más frecuentemente reportadas consistieron en gritos y regaños; tiempos innecesarios de espera durante el proceso de parto; y falta de acceso a la información sobre el mismo. Sin embargo, muchas otras prácticas denigrantes y violatorias de DDHH también fueron reportadas, como la negación de la anestesia y la esterilización forzada. La mayoría de estas transgresiones se dieron en hospitales o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en hospitales correspondientes a las entidades federativas; y en centros de salud. 

De acuerdo con GIRE, la violencia obstétrica tiene dos vertientes: la física y la psicológica. En el primer caso, se da mediante prácticas invasivas y procedimientos médicos no justificados. De igual manera, puede ocurrir cuando no se respetan los tiempos del parto biológico; por ejemplo, sometiendo a la paciente a una cesárea cuando ésta no es necesaria. Por otro lado, el fenómeno también tiene una dimensión psicológica, cuando se emite un trato grosero, humillante y discriminatorio en contra de la víctima, o cuando se le niega información sobre su propio parto. 

Hacia una vida libre de violencia 

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Todas y todos tenemos derecho al acceso a los servicios de salud, así como a recibir en ellos un trato digno y no discriminatorio. La violencia obstétrica que han sufrido miles de mujeres es el reflejo de que este derecho está siendo vulnerado de forma sistemática. El problema de fondo es la falta de perspectiva de género. Como lo han dicho ya Almaguer González et al. (2010) en su artículo “La violencia obstétrica: Una forma de patriarcado en las instituciones de salud”, detrás de esta expresión de la violencia se encuentra un modelo biomédico “que desestima los elementos emocionales y sociales de la salud dando predominio al cuerpo y los elementos biológicos”. Un modelo que ha primado durante décadas y que requiere cambiar en favor de la dignidad humana.

Referencias

Almaguer González, J., García Ramírez, H. & Vargas Vite, V. (2010, septiembre – diciembre). La violencia obstétrica: Una forma de patriarcado en las instituciones de salud. Género y salud en cifras. Vol. 8, núm. 3, pp. 4 – 20. 

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