Libertad de expresión a debate: Assange, Zuckerberg y AMLO

La libertad de expresión, como tantos otros principios del liberalismo político, tiene antecedentes que remontan a los griegos o los romanos. Pero tal como la conocemos, en el contexto de las llamadas democracias constitucionales, tiene esencialmente tres referentes: Declaración de Derechos de Inglaterra (1689); Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa (1789); y Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, y materializada en el famoso Artículo 19. Por cierto, tal es el origen de la célebre ONG británica –Artículo 19–, y cuyo objetivo es defender la libertad de expresión e información en los países en los que tiene presencia. Cabe hacer notar que, a tono con las doctrinas, épocas e idearios que fundamentan la operatividad de tal organización, las recomendaciones que de ella emanan acostumbran reflejar las contradicciones, atavismos e insuficiencia de las herencias sobre las que descansa su actuación. El propósito de esta reflexión es reparar acerca de los límites y alcances de la libertad de expresión, y contribuir a la resignificación/actualización de este principio, máxime en la época que transitamos, caracterizada por revoluciones en el ramo tecnológico-comunicacional. Sin duda este es uno de los debates cruciales de nuestra generación.

Ahora bien, el concepto de libertad de expresión que a menudo rige en las repúblicas liberales contemporáneas floreció/maduró en un contexto histórico específico: la ruptura de la unidad religiosa en Europa. Tal fragmentación de la unidad nordeuropea produjo guerras y escenarios de alta conflictividad. Y los pueblos de aquella región del mundo intentaron restaurar la convivencia pacífica –relativa e inestable– enarbolando el principio de la tolerancia: es decir, la capacidad de aceptar a otra persona o grupo social que profesa ideas contrarias o diferentes a las propias. En este sentido, y recordando al viejo Marx, la sociedad occidental no superó la religión: estableció la libertad para ejercerla privadamente, apoyada en el principio de la tolerancia, y apenas como antídoto para neutralizar/atenuar el conflicto religioso. Lo mismo ocurrió en otros ámbitos sociales potencialmente conflictivos. Y justamente alrededor del principio de la tolerancia –aceptación del “otro”– surgieron las libertades de la modernidad: libertad de prensa, de asociación, de culto, de expresión etc.

Así nació el liberalismo político, a partir de la formulación de la pregunta: ¿cómo es posible que exista por tiempo prolongado una sociedad estable cuyos ciudadanos se encuentran divididos por doctrinas irreconciliables? (dixit John Rawls). Y la respuesta fue: la libertad de expresión o la libertad de un individuo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias e interferencias. Y tal “revelación” sembró otra pregunta: ¿qué actores podrían reprimir la libre manifestación de las ideas? En el siglo XVIII, la respuesta apuntó al Estado, que era la autoridad o institución dominante.

¿Qué es lo que no registraron nuestros neoconservadores, falsariamente autonombrados nuevos liberales (neoliberales)? Básicamente, el deslizamiento del centro de autoridad –que descansaba en los dominios del Estado y el gobierno– hacia los dominios del Mercado y las corporaciones. Los neoliberales –que no son nuevos ni liberales– nunca actualizaron la teoría liberal, y siguieron caracterizando al Estado y al gobierno como los principales verdugos o censores de la libertad de expresión. Ciertamente, las instituciones del Estado coartan libertades y coadyuvan en la abolición de derechos. Pero no es posible ignorar que, en materia de libertad de la palabra, se trata principalmente de actores privados los que constriñen, censuran, inhiben y reprimen esa libertad. Y no es una elucubración del orden ideológico: prácticamente la totalidad de los “media outlets” o agencias de comunicación, incluidas las redes digitales, están en manos de particulares. Cumple preguntar: ¿qué actores disponen de facultades materiales para interferir en la divulgación de opiniones, informaciones e ideas? Principalmente las empresas privadas de medios. Y por ello el expresidente de Ecuador, Rafael Correa insiste: “Es incompatible que negocios privados con fines de lucro provean un bien público como lo es el derecho a la información y la libertad de palabra”.

El caso Assange

El caso Assange se puede interpretar como un ejemplar clásico o convencional de censura y ataque a la libertad de expresión, tal como lo explica e interpreta el liberalismo clásico: es decir como un atentado a la libertad de un individuo de articular sus opiniones o ideas sin temor a represalias e interferencias, o de “buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras” (DUDH), y que involucra a agencias gubernamentales. A propósito del caso en cuestión, se trata no tan solo de uno, sino de un puñado de Estados cuyos secretos más confidenciales se convirtieron en materia de dominio público. Y ello comporta una complejidad inusual. Lo cierto es que el caso Assange cobró una dimensión particularmente crítica porque visibilizó el lado oscuro de las naciones que acostumbran presentarse ante el mundo como vanguardia de la civilización, la democracia y los derechos humanos. Sobre todo, Estados Unidos.

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Ahora bien, esto no significa que los actores privados –máxime aquellos que acaparan la faz del internet– no hayan ensayado un papel censor en el caso Assange. Está documentado que existieron tales tentativas de censura. En todo caso, el papel ambivalente de los dueños de la digitalidad en la “trama WikiLeaks” responde a un hecho incontrovertible: se trata de actores políticos que ensayan estrategias de comunicación/legitimación con el público. Calculadamente fabricaron la fantasía acerca de sí mismos como “libertadores” de la palabra y moderadores imparciales del debate público.

Zuckerberg y la Cibercracia

Mark Zuckerberg y el resto de los dueños de las plataformas tales como Facebook, Twitter, YouTube, Google, Spotify etc., no decidieron suspender las cuentas del presidente constitucional de Estados Unidos (sí, políticamente impresentable) por apego a la democracia y/o repudio al odio sembrado por el magnate. Cerraron las cuentas porque son actores políticos, que toman decisiones políticas en función de intereses políticos creados. De hecho, cómo olvidar que Facebook, Twitter y la multinacional Fox News fueron los principales aliados comunicacionales del gobierno de Donald Trump. Durante las legítimas protestas de Black Lives Matter, todas las plataformas difundieron, con escasa o nula restricción, los mensajes de incitación a la violencia del presidente (por cierto, la represión que ordenó Trump dejó un saldo de 19 muertos y 14 mil arrestos). Por lo tanto –y sin ignorar los arrebatos impúdicos del señor Trump– no parece muy razonable que ciertas franjas de la opinión pública aplaudan desaforadamente a Zuckerberg y consortes por “bragarse” y excomulgar de las redes a su excompañero de fórmula. Y menos cuando tal acción concertada se registró apenas unos días antes de que abandone el cargo. ¿De verdad vamos a contribuir a alimentar la fantasía “autorregulatoria” de los dueños de la digitalidad, que son prácticamente los dueños del mundo?

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Sencillo: el mensaje que Silicon Valley lanzó tras el cierre de cuentas de Trump fue el siguiente: “El rey ha muerto; viva el rey”.

AMLO y la neo-santa inquisición

Coincido con los analistas que alertan sobre la urgencia de legislar la meta-constitucionalidad de la Cibercracia. Y ciertamente esta iniciativa de regulación debe provenir de las instituciones de gobierno. No obstante, entre los liberales, la idea de regulación no es exactamente afín a tal doctrina. Y tal vez ello explica la réplica del Presidente AMLO: “Empresas particulares deciden silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder de control de las redes sociales, además un tribunal de censura, como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública […] No debemos confiarnos, ya padecimos durante mucho tiempo el control de los medios de comunicación convencionales, ahora aparecen las redes sociales, y todos lo celebramos; yo sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales, pero estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos […] Hay que estar pensando en opciones, en alternativas, porque creo que fue un antes y un después en el caso de redes sociales lo que sucedió hace unos días”.

En este sentido, y considerando las coordenadas político-ideológicas en las que descansa el programa obradorista (liberal clásico), difícilmente podemos esperar una política de regulación, semejante a la ley de medios que impulsó el gobierno de Argentina en 2009, y que repartió el espectro comunicacional en tres partes: 33% a medios privados con fines de lucro; 33% a medios públicos gubernamentales; y 33% a medios comunitarios.

Sí, en cambio, es posible que desde el gobierno surja alguna iniciativa que no desconsidere lo que a juicio del liberalismo es innegociable: libertad (abstracta) y competencia.

Bajo esta “visión y misión” (sin duda debatible), AMLO solicitó al Conacyt que elaborara un plan para crear una plataforma o red social que garantice la libertad de comunicación en México. Vale decir: un medio de comunicación público.

La noticia es buena. Y México será la sede de un debate crucial de nuestra generación.

Arsinoé Orihuela Ochoa
Arsinoé Orihuela Ochoa
Politólogo, periodista e investigador. Cursó estudios de grado y posgrado en Estados Unidos, México, Colombia y Argentina, en el área de ciencias sociales y humanidades. Columnista de La Jornada Veracruz y analista político en diversos medios digitales e impresos.

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